Miguel Ángel Ramiro Avilés es Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá y coordinador de su clínica legal. Hablamos con él sobre el origen y el porqué de las clínicas jurídicas en España.
Eres considerado como uno de los padres de las clínicas jurídicas en España. Queremos que nos cuentes un poco qué son las clínicas legales.
Las clínicas legales son espacios de trabajo integrados por profesores y estudiantes de Derecho donde, a través del aprendizaje-servicio, damos respuesta a consultas legales realizadas por entidades o particulares, ya sea generales o de algún área jurídica específica.
Para ser justos, quien inoculó el virus de las clínicas legales en España fue Diego Blázquez [1], Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, tras su estancia en una universidad de Estado Unidos, donde conoció este tipo de iniciativas. De esto hará quince años aproximadamente.
Por aquel entonces yo era subdirector del Máster de derechos fundamentales en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Coincidiendo con la reforma del plan de estudios promovida por el ‘Plan Bolonia’, decidimos poner en marcha el proyecto de creación de una clínica legal en el Instituto de Derechos Humanos. Cuando me vine a la Universidad de Alcalá, en 2011, decidí impulsar una clínica aquí también.
¿Por qué las clínicas legales se asocian a la democratización de nuestra sociedad?
Están vinculadas a la democratización porque la universidad es un espacio de pensamiento crítico. Si en la universidad no se fomenta el pensamiento crítico sobre el Derecho, ¿dónde se va a hacer? Realmente, donde se ven los problemas de justicia social, de derechos humanos, donde se enseña al futuro abogado a pensar, es en el ámbito universitario.
La universidad, además de dar conocimiento teórico, también debe proporcionar una mirada de cómo hay que interpretar el Derecho, qué se persigue, cómo hay que plantear los casos, etc.
En realidad, las clínicas legales surgen en Estados Unidos como una respuesta ante la falta de acceso y protección por la justicia. Lo que se intentó fue replicar el acceso a la salud y a la asistencia sanitaria que proporcionaban las clínicas de las facultades de Medicina. De la misma manera que mucha gente no tenía acceso a servicios sanitarios, tampoco tenían recursos para recibir asesoramiento jurídico.
En las clínicas legales está muy asentado el concepto de la alfabetización legal. ¿Qué buscáis en la clínica cuando decís que estáis para alfabetizar?
La idea de la alfabetización legal se utiliza porque realmente la norma jurídica no es clara.
No hay nada más revolucionario que enseñar a leer y a escribir. La idea de la alfabetización legal se utiliza porque realmente la norma jurídica no es clara.
Ayudar a las personas a entender las normas que les afectan en su día a día es una forma de facilitar el acceso a la justicia, porque está claro que el incumplimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Ese conocimiento tiene una carga política muy importante porque empodera a las personas y, en el caso de la clínica legal, también a los estudiantes.
La universidad de alguna manera tiene que transferir su conocimiento entre quienes nos necesitan, no puede limitarse al espacio universitario. La universidad, y en especial las públicas, deben ser útiles a la comunidad, a la sociedad, y no solo porque reciba de ella sus presupuestos, sino porque tiene la responsabilidad de ocuparse de sus problemas.
¿Cómo pueden las universidades favorecer la implicación activa de los estudiantes de Derecho durante su formación?
La universidad debe conferir especial importancia a las clínicas legales. Han venido para quedarse y para transformar la manera de enseñar Derecho. En pleno siglo XXI no podemos seguir con métodos de enseñanza desfasados. La universidad se tiene que abrir y transferir lo que sabe.
A los estudiantes hay que darles herramientas para que puedan transferir el conocimiento que reciben en las aulas.
A los estudiantes hay que darles herramientas para que puedan trasladar el conocimiento que reciben en las aulas, pues se aprende haciendo, y hacerles ver que el sentimiento de esfuerzo personal y compromiso social es necesario para poder trabajar en una clínica legal y ser un buen profesional de la abogacía en el futuro.
¿Qué apoyo os proporciona la universidad en relación con el trabajo realizado en la clínica?
En nuestro caso, poco; no somos un buen ejemplo, pero en la Red Española de Clínicas Jurídicas las hay que reciben mucho apoyo y reconocimiento. Sin embargo, el respaldo institucional no siempre es suficiente. Los derechos hay que lucharlos y cuando hay un proyecto en el que crees y a través del cual consideras que estás haciendo algo positivo para la sociedad, los alumnos, los profesores e incluso para uno mismo como jurista, hay que seguir trabajando.
En la clínica legal de la Universidad de Alcalá estáis centrados en temas relacionados con el VIH. ¿Qué tipos de casos y entidades lleváis?
Nosotros optamos por una especialización debido a que mi ámbito de trabajo son los derechos humanos relacionados con la bioética, el mundo de la investigación, la sanidad, etc. Por ese motivo y por la creación de la Cátedra de ‘Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos’ nos hemos hiper especializado, lo cual no sé si es bueno o malo. En todo caso, la ciencia avanza muchísimo y muchas respuestas sociales y normativas jurídicas se quedan obsoletas y desfasadas. Las personas con VIH tienen una esperanza de vida mayor, una buena calidad de vida, no transmiten el virus bajo determinadas condiciones y el hecho de que la ley no esté al día genera desprotección y tratos discriminatorios hacia ellas.
La ciencia avanza muchísimo y muchas respuestas y normativas jurídicas se quedan obsoletas y desfasadas.
Nosotros recibimos micro consultas que realizan personas con VIH a través de CESIDA o de otras asociaciones relacionadas con el VIH y, en menor medida, con otras condiciones de salud, como puede ser la enfermedad renal o el Parkinson. También hacemos informes que nos piden las entidades y realizamos acciones de formación a través de programas de Street Law, por medio de los cuales los alumnos se desplazan a una zona concreta para resolver consultas jurídicas.
Cuéntanos un caso de éxito de la clínica cuyo resultado sea más “tangible”, que afecte directamente a una entidad.
El caso del Síndrome Hemolítico Urémico Atípico (SHUA), una enfermedad ultra rara que afecta a la función renal y que nos llegó a través de la Asociación ASHUA. Las personas que sufren esta enfermedad necesitan recibir un tratamiento farmacológico muy caro para que se les pueda practicar un trasplante y que no sufran rechazo. En una comunidad autónoma se negaba a dos personas dicho tratamiento debido a su altísimo coste.
Elaboramos un informe analizando qué significaba el derecho de protección a la salud desde el punto de vista de la legislación española e internacional, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y la responsabilidad penal en que podía incurrir la administración pública al denegar el tratamiento. Tras este informe, se ha conseguido que catorce personas tengan acceso al tratamiento y que ya no se vuelva a dar el problema.
¿Cómo puede colaborar mejor el pro bono con el mundo clínico? ¿En qué puntos la universidad está más huérfana y el pro bono puede ser un apoyo importante?
Tenemos que conocernos más. Las clínicas no conocemos lo suficiente el trabajo pro bono de los abogados ni todas las sinergias que se podrían crear. Por eso, es importante que la Fundación Pro Bono España, con todos los despachos y abogados miembro, os deis a conocer más entre las clínicas jurídicas. Hay que sensibilizar. En Madrid quizás es más fácil, pero habrá que ir abriéndose fuera. Ambos mundos tienen que trabajar más y coordinarse mejor.
Es importante que la Fundación, con todos los despachos y abogados miembro, os deis a conocer más entre las clínicas jurídicas.
Recomendación o deseo para nuestra Fundación. ¿Qué le pedirías?
Muchas veces las asociaciones no saben cómo aplicar a los casos concretos los informes que les hemos elaborado dando respuesta a dudas jurídicas de carácter general. Por ello creo que es necesario ir más allá. Poder disponer de abogados para llevar micro casos de personas físicas.
Está bien hacer un informe, pero luego hay que aterrizarlo. Mi carta a los reyes sería que ese programa de prácticas pro bono estuviera enfocado a atender casos de personas físicas, a través de las micro consultas.
¿Hasta qué punto te ha enriquecido personal y profesionalmente el trabajo con la clínica?
Mi hermano falleció por tener VIH, pero jamás pensé que me iba a dedicar a nada parecido a esto. Ahora, cuando resuelvo los casos, pienso “por Pipe”. El trabajo con alumnos también es enriquecedor porque ves su progresión y que se convierten en personas competentes. Eso te llega al corazón.
[1] Algunas de sus lecturas más interesantes sobre el movimiento clínico son La educación jurídica clínica en el contexto del “proceso de Bologna”: su aplicabilidad en España y Apuntes acerca de la educación jurídica clínica.
