Responsable del área de gestión económica, proyectos y transparencia de la Coordinadora de ONGD-España.
Elena Hidalgo cuenta con 10 años de experiencia en el ámbito de la cooperación internacional y actualmente está a cargo del área de gestión económica, proyectos y transparencia de la Coordinadora de ONGD-España (la Coordinadora). Economista de formación, cree en modelos económicos alternativos en los que el desarrollo regional y la cohesión social son los protagonistas. En el actual contexto de crisis sanitaria, nos acerca a la labor de la Coordinadora para resaltar la importancia de iniciativas que ponen el acento en la colaboración entre distintos actores a fin de sumar esfuerzos y multiplicar el impacto para llegar a un mayor número de personas.
¿Cuál es el papel de la Coordinadora en el mundo de la cooperación al desarrollo y cuál dirías que es su principal valor añadido en este sentido?
La Coordinadora es la red estatal de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) que trabajan en el ámbito de la solidaridad internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los derechos humanos. El principal activo de la entidad es su capacidad para generar un espacio de reflexión con una dimensión internacionalista. Nuestro trabajo en red es fruto de muchas contribuciones, análisis y reflexiones conjuntas como sector en torno a la cooperación, derechos humanos, feminismo y medioambiente.
¿Cómo pueden superarse las diferencias existentes en nuestra sociedad y lograr que dejen de ser un obstáculo para la cohesión social? ¿Están ganando peso conceptos como la “colaboración”, las “alianzas” o las “sinergias” en el mundo de la cooperación?
Las diferencias pueden ser superadas a través de la empatía, del reconocimiento del otro, del ponernos en su piel y del saber escuchar.
En este momento extremo estamos viendo cómo la sociedad civil colabora y establece sinergias para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad.
La Coordinadora, como red de alianzas, es un ejemplo de ese trabajo colaborativo. Por eso nuestro lema es “juntas somos más fuertes”, representando los intereses del sector de la cooperación y defendiendo la justicia global. Al mismo tiempo, nuestro trabajo con otras plataformas y colectivos siempre ha sido muy activo. Prueba de ello, en estas semanas de crisis sanitaria la Coordinadora ha apoyado numerosas iniciativas colectivas llevadas a cabo por Futuro en Común, Plataforma DESC o Plataforma del Tercer Sector, entre otras.
«En este momento extremo estamos viendo cómo la sociedad civil colabora y establece sinergias para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad.»
Hemos visto que la Coordinadora está siguiendo muy de cerca el impacto que la pandemia está teniendo en los derechos humanos. ¿Podrías compartir alguna de las acciones que se están llevando a cabo a este respecto?
Las ONGD están trabajando de manera colectiva para dar respuesta a una emergencia sanitaria que no entiende de fronteras. Este compromiso se traduce en acciones llevadas a cabo tanto en España (donde organizaciones sanitarias se han puesto a disposición del Gobierno y otras están atendiendo a personas directamente afectadas por la crisis), como en todos aquellos países donde tenemos incidencia.
Desde la Coordinadora nos hemos adherido a varios comunicados en los que se insta al Gobierno a asegurar medidas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública. También, al llamamiento urgente para la evacuación de los campos de personas refugiadas en Grecia.
Asimismo, estamos incrementando nuestra interlocución en los distintos espacios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para garantizar la continuidad del trabajo que las ONGD realizan en países en los que la mayoría de la población vive en situaciones de pobreza; situaciones que, previsiblemente, se verán agravadas por el impacto de la crisis. A tal fin, hemos elaborado una guía en la que se exponen 20 medidas para hacer frente a la pandemia en el terreno y apoyar a las poblaciones más vulnerables.
La Coordinadora tiene un enfoque transversal, desarrolla proyectos que van de lo individual (como las campañas de educación a la ciudadanía) a lo colectivo (como las acciones de lobby en la política pública). ¿Cómo contribuyen al debate político vuestras labores de sensibilización?
La participación de una ciudadanía con conciencia es crucial para la defensa de unas políticas públicas más integradas que analicen los problemas sociales desde todos sus ámbitos y repercusiones. Esto es algo a lo que invita la Agenda 2030 y que tratamos de explicar en la Coordinadora a través del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS), una herramienta que permite comparar el compromiso de 148 países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo.
En la edición 2019 del ICPDS, se concluye que no hay ningún país correctamente desarrollado desde el punto de vista de la sostenibilidad y que necesitamos nuevos modelos que aseguren una adecuada interrelación entre la coherencia social, las prácticas económicas democráticas y un comportamiento responsable con el planeta.
La defensa de la política de cooperación para el desarrollo es uno de los pilares prioritarios de La Coordinadora. ¿Qué queda por hacer en este sentido?
De manera muy general, hay tres puntos en los que tenemos que seguir trabajando. En primer lugar, la concienciación política y ciudadana sobre la importancia de la defensa de los derechos fundamentales y de las garantías de bienestar de todos los pueblos.
En segundo lugar, una visión política más integral y que incluya las actividades de cooperación ya que se necesita una mayor interrelación entre las políticas públicas nacionales, europeas e internacionales.
Por último, una armonización de estrategias entre las administraciones (local, autonómica y estatal) y los donantes, ONGD y socios para lograr una mayor coherencia entre unas y otras y, garantizar, de esta forma, el impacto de nuestras actividades.
«Creo que es crucial concienciar y convencer de la necesidad de que los derechos humanos sean parte de los ordenamientos jurídicos de todos los países.»
En la defensa de los derechos humanos los instrumentos jurídicos tienen un papel fundamental. ¿Cuáles dirías que son los principales retos a los que se enfrentan las ONGD desde el punto de vista legal?
Creo que es crucial concienciar y convencer de la necesidad de que los derechos humanos sean parte de los ordenamientos jurídicos de todos los países.
Al mismo tiempo, es necesario que activistas y profesionales del Derecho tengan una formación adecuada en materia de derechos humanos y que conozcan los instrumentos jurídicos, procesos e instancias que permitan que las violaciones de derechos puedan ser sancionadas. En este punto, el conocimiento, el asesoramiento y el apoyo legal son los elementos que construyen el puente entre activistas y ONGD, por un lado, y las instancias a las que recurrir para defender a las personas cuyos derechos han sido vulnerados, por otro lado. El reconocimiento de la infracción, la argumentación jurídica y la claridad en los pasos a seguir para elevar la denuncia requieren un apoyo legal muy especializado, con el que no siempre cuentan las ONGD.
¿En qué medida crees que el pro bono puede ayudar a las organizaciones como la vuestra a hacer frente a las diferentes cuestiones legales que se les plantean?
Tener la posibilidad, ya sea como Coordinadora o como ONGD de tener acceso a personas expertas en determinados temas legales (en derechos humanos o en otras áreas del Derecho) es una gran oportunidad. Las ONGD no cuentan con los recursos que son necesarios para abordar todas las tareas de gestión o de carácter jurídico. Estas labores más de estructura y fortalecimiento repercuten en el buen hacer de las organizaciones. Por tanto, contar con ese apoyo es, sin duda, de gran ayuda.
«La práctica pro bono mejora nuestra capacidad de incidencia y nuestros procedimientos internos y nos permite, en definitiva, poder realizar nuestro trabajo de una manera más eficaz.»
Para acabar, ya llevamos un tiempo colaborando y nos gustaría que nos contaras cuál ha sido vuestra experiencia de trabajo con la Fundación. ¿Alguna sugerencia o recomendación para el futuro?
La experiencia con la Fundación ha sido muy positiva. Tanto por la profesionalidad de los abogados y abogadas que se nos han asignado, como por la capacidad de escucha, accesibilidad y flexibilidad del equipo de la propia Fundación, lo que ha hecho muy fácil poder poner en marcha proyectos pro bono, incluso en red con otras plataformas.
Es importante añadir que tenemos muy claro por ambas partes que el acceso gratuito a la Justicia es un derecho fundamental, constitucional, que hay que defender y proteger. Pero también hay espacio para la colaboración pro bono, que para nosotras es sinónimo de asesoramiento, formación y acompañamiento para las ONG. El pro bono mejora nuestra capacidad de incidencia y nuestros procedimientos internos y nos permite, en definitiva, poder realizar nuestro trabajo de una manera más eficaz.
